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La Corporación Participación Ciudadana (PC), en su calidad de actor de sociedad civil, que viene acompañando los procesos democráticos del Ecuador desde el 2002 como observador electoral y como agente de incidencia en la normativa de elecciones, manifiesta su profunda preocupación por la pugna surgida entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los desacuerdos entre los órganos rectores electorales, provenientes de la expedición de sentencias emitidas por el órgano de administración de justicia, y que sugieren una alteración del calendario elaborado entre las dos instituciones en consenso con los partidos políticos, pone en riesgo todo el proceso electoral.

La obligación jurídica de las autoridades electorales, a más de organizar el proceso y resolver en derecho las controversias derivadas, es la de brindar a los ciudadanos confianza, transparencia, certeza y legitimidad respecto de las elecciones y sobre todo tutelar el bien mayor que es la Democracia.

La normativa vigente establece plazos claros para que los movimientos y partidos puedan organizarse, tener sus espacios de democracia interna y elegir e inscribir sus candidatos. Esa norma rige para todos y tiene por objeto brindar al CNE la oportunidad de organizar con rigurosidad y a tiempo, el proceso electoral. Y busca que el ejercicio de la política cuente con normas claras para promover que los sujetos políticos ejerzan una militancia ordenada y con respeto al orden constituido. El incumplimiento de procesos y plazos predeterminados en el calendario electoral, irremediablemente conduce al país a un caos nacional. Al mismo tiempo, se enviaría una peligrosa señal de que las normas puedan ser obviadas provocando una idea poco conveniente de impunidad política, además de generar inseguridad jurídica y desconfianza de los ciudadanos en las elecciones.

Por lo tanto, PC hace un llamado urgente a la conciliación y acuerdos políticos entre los organismos electorales, para que cumplan su obligación técnica y ética con el país y mantengan las fechas y plazos establecidos en la planificación original del proceso y que constan en la convocatoria a las elecciones de febrero del 2021.

Quito, 23 de Diciembre de 2020

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