(02) 333 3373

Los derechos permiten y posibilitan la participación de los ciudadanos en diferentes niveles del sistema, uno de ellos es el acceso a la información (veraz, completa, imparcial y plural), sea para participar de la esfera pública o para elegir una preferencia electoral.

Parte de la información debe salir de las instituciones públicas y sus representantes como parte de la responsabilidad (answerability) de su cargo, pues deben responder y rendir cuentas (accountability) ante sus pares y ante la sociedad civil. La dinámica política, en sus múltiples esferas y niveles, implica el cuestionamiento de las decisiones o acciones gubernamentales por la sociedad civil, dicha práctica como parte de la participación y control social, implica llevar una agenda pública sobre temas de interés, denunciar acciones ilegales de los servidores públicos, o influir en la planificación e implementación de políticas públicas. La información otorgada por los funcionarios públicos también permite llamar la atención sobre las acciones o el desempeño de los mismos, y ante la posibilidad de un mal desempeño exigir la dimisión del cargo o la revocatoria del mismo en caso de puestos de elección popular.

Una parte fundamental del ejercicio de control ciudadano es el acceso a la información, desde 1948 es un Derecho Humano incluido en la Declaración Universal (Art. 19), e instrumentos jurídicos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1966 (Art. 19), Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Art. 13), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 4) u Carta Democrática Interamericana (Art. 4).

El acceso a la información, como derecho, es incluido en las constituciones de los países de la región andina, en todos los casos dicho derecho está ligado a la libertad de expresión y opinión que asegura acceso a una información veraz y por ende estrechamente vinculado con los medios de comunicación y su función social, o con la obligatoriedad de la función pública para otorgar información a los ciudadanos. Por ello cada país ha elaborado instrumentos normativos (decretos o leyes) que regulan de manera clara el acceso a la información, y también establecen ciertas limitaciones o restricciones como las relativas a reservas procesales, las referidas a seguridad interna o externa u otras similares, claro que se pueden levantar dichas reservas a petición de juez o fiscal, siempre y cuando la norma superior así lo permita. Otra información que tiene un carácter de reserva es aquella que corresponde a datos personales o información íntima de los ciudadanos, tampoco los gobiernos pueden disponer libremente de esos datos y menos hacerlos públicos sin previo consentimiento de los ciudadanos, o por autorización de un juez competente.

En todos los países el acceso a información y transparencia tienen una lógica transversal y están relacionados con el mejoramiento de la función pública, pero también de lucha contra la corrupción.

Infografía completa:

Además te invitamos a compartir el pacto de mujeres políticas:

#Elecciones2021EC
#TuVotoTienePoder

Ruta de la Transparencia en Mocha Ruta de la Transparencia en Puerto Quito Ruta de la Transparencia